Semejante importancia relativa es una rareza en el nivel mundial, que sólo es sustentable en la medida en que, a la par de consumir gas natural, el país sea capaz de incorporar reservas mediante el descubrimiento de nuevos yacimientos en cantidad suficiente, cosa que no se ha hecho. Dicho en forma más simple: estamos peor de lo que creíamos estar.

Esta situación (crecimiento sectorial sustentable) no ha ocurrido en los últimos 15 años; el país no tuvo política energética ni tampoco tuvo ni tiene un Estado activo capaz de anticiparse al futuro, promoviendo e implementado soluciones. La Argentina, que a fines de los años 80 contaba con 35 años de reservas de gas gracias a los descubrimientos de la estatal YPF y que, por lo tanto, podía considerarse a sí misma un país gasífero, se transformó mediante la aplicación de una política naïve y de laissez-faire en un país con reservas para sólo nueve años.

En tanto, la producción petrolera está disminuyendo desde 1998 y pronto se tendrá que volver a importar crudo; además, no existe un marco regulatorio moderno (una ley de hidrocarburos) que posibilite la realización de inversiones de riesgo en cantidad suficiente como para revertir un situación tan comprometida como la actual.

Hagamos un llamado de atención para el Gobierno, responsable último e indelegable del suministro energético. Los anuncios de ayer hacen caer la cotización de las acciones, también ponen en claro la delicada situación de nuestro sector y la necesidad de lanzar una política pública explícita y concertada para revertir la situación.

Analizando más detenidamente los anuncios, se puede observar que la mitad de la reducción 659 millones de bep se produce en las reservas comprobadas bolivianas. La explicación que da el comunicado de la empresa no deja lugar a dudas respecto de sus causas: una situación de incertidumbre generada por la nueva ley de hidrocarburos boliviana y, sobre todo, por la forma en que ella será aplicada por el gobierno de Evo Morales.

El resto de la reducción se concentra mayoritariamente en la Argentina: 509 millones de bep (unos 80.000 millones de m3 de gas natural) y, en cantidades mucho menores, en las reservas que Repsol posee en Venezuela (58 millones de bep) y en el resto del mundo. Para tener una idea de la magnitud relativa y de su impacto, digamos que el recorte significa un 13% del inventario de las reservas argentinas; una magnitud prácticamente insignificante para Venezuela, que para nada se verá afectada por esta reducción.

La mayor parte de la disminución de las reservas se da en los yacimientos de Loma de La Lata; Ramos y Chihuido de Sierra Negra, naves insignias del sector hidrocarburos; dos de los cuales tuvieron ampliación anticipada de los plazos contractuales.